Ricardo Magaz – La Espada y la Pluma

Lo tengo escrito hace tiempo en esta misma columna: Marlaska fue un aceptable juez en la Audiencia Nacional. Ahora, sin embargo, es un desdichado ministro del Interior. Posiblemente el peor desde la Transición, después del ínclito Corcuera, el de la patada en la puerta y el riego sanguíneo en el estómago.

La última chuscada del ministro, seguramente soplada al oído por sus arzobispos de la DGP, pretende sacar adelante, con la oposición de sindicatos y asociaciones, un delirante real decreto para desarrollar el régimen de incompatibilidades del Cuerpo Nacional de Policía. Esta norma, presentada recientemente al Consejo de Policía, conculca derechos fundamentales de los funcionarios del CNP, cercenando arbitrariamente su derecho a la libertad de expresión, entre otros.

Como bien han puesto de manifiesto los sindicatos, las asociaciones y los medios de comunicación, ninguna norma legal impide a un juez hablar de justicia o procesos en los que no haya participado; tampoco a un médico opinar de medicina fuera de su horario laboral. No es entendible, por consiguiente, ni se ajusta al texto constitucional, que se intente prohibir a los agentes de Policía Nacional que, en calidad de técnicos en la materia, tengan y expresen, fuera de servicio, su opinión al respecto o escriban sobre ello, sin quebrantar el secreto profesional.

Que un juez en excedencia, o en servicios especiales, da lo mismo, quiera perpetrar este atropello contra los derechos fundamentales de unos funcionarios civiles del Estado evidencia el verdadero talante que subyace en este ministro y, por supuesto, en el Gobierno del que forma parte.