Los familiares y amigos de los usuarios del centro Cosamai de Astorga se concentrarán el próximo lunes, 6 de marzo, a las 12 horas frente a la sede de la Diputación de León para reclamar una revisión y actualización “urgente” del reglamento de régimen interno del centro que se adapte a las nuevas necesidades que han ido surgiendo como consecuencia del envejecimiento tanto de los usuarios como de sus familiares o tutores legales.
A primeros de año, la Asociación de Padres de Discapacitados de Cosamai (APADISCO) remitió un escrito a la Diputación expresando las demandas e inquietudes por parte de las familias de los usuarios y solicitando una reunión con los responsables del Área de Servicios Sociales, un escrito que fue respondido a mediados de febrero con un informe elaborado por la dirección del Centro que “venía a reafirmar y reforzar nuestras pretensiones pero sin dar soluciones puesto que el centro no tiene atribuciones para cambiar el régimen interno y facilitar el cambio de modalidad de estancia de los usuarios para una permanencia estable en el mismo”, explican desde APADISCO.
Ante esta situación de pasividad, los familiares decidían convocar la concentración del próximo lunes que, a pesar de una reunión ‘in extremis’ este mismo jueves de la asociación con la diputada de Servicios Sociales, Carolina López, se mantiene ya que “fue un encuentro cargado de buenas palabras pero lo que necesitamos son hechos”.
Desde la Junta Directiva de APADISCO, Francisco Taboada explicaba a esta redacción que el principal problema es que “Cosamai sigue funcionando como hace 30 años y los usuarios y las familias tienen cada vez más edad y demandan otros servicios que a nuestros juicio no nos están dando”. Taboada indicó que el objetivo “es que faciliten a los usuarios que lo necesiten la estancia permanente y estable” y aunque detalló que en la reunión del jueves hubo “buena voluntad, eso no soluciona el día a día de los usuarios porque las palabras hay que plasmarlas en realidades”.
En este sentido, Taboada, que tiene a su hermana en el centro, precisó que “ellos mismos están de acuerdo en que el reglamento que rige el centro y los demás centros de la Diputación están anticuados y hay cosas desproporcionadas que se inmiscuyen en las relaciones personales de las familias ya que, por ejemplo, solo tienen opción a quedarse de forma permanente los usuarios a los que les falten familiares de primer grado o que estén incapacitados tanto los padres como los hijos de manera judicial”.
Por ello, lo que solicitan es “una modificación del reglamento, que no haya un límite de plazas de carácter permanente y que se adapten a las demandas que vayan surgiendo en función de las condiciones particulares de cada usuario y su familia”. Además, plantearon la necesidad de flexibilizar los posibles traslados entre los tres centros con los que cuenta la Diputación en la provincia “ante la pérdida de facultades de los usuarios” y la paralización de los expedientes de salida del centro que se están actualmente tramitando. Este es el caso de Taboada que se ha visto en la obligación “de interponer un contencioso administrativo porque creo que las resoluciones que da la administración van en contra de derecho y son perjudiciales, en este caso, para mi hermana”.
Como explica María del Carmen Fernández, también desde la directiva de APADISCO, “este jueves se lo explicamos a la diputada y entendió que hay que cambiarlo y que están, o eso nos dijeron, elaborando un nuevo reglamento pero, este tema, se tenía que haber previsto antes porque lo necesitamos para ayer”. En este sentido, explicaron que el reglamento se modificó, en algunos de sus artículos, hará poco más de dos años y “ya están haciendo otro, lo que denota su falta de previsión”.
El centro cuenta en la actualidad con 114 trabajadores que atienden a 129 usuarios con edades que oscilan entre los 21 y los 77 años, una media de edad de 50 años. “Las familias llega un momento que no podemos hacernos cargo, no queremos desentendernos de ellos pero sí que la administración nos ofrezca una solución y deje de ponernos trabas”, apuntó Francisco Taboada que precisó que “no son tantas las plazas de permanentes que se necesitan y si la Diputación ha asumido la competencia en Servicios Sociales debe hacerlo para lo bueno y para lo malo, con todas las consecuencias y han tenido toda una legislatura para ponerse a trabajar”.
Desde la Diputación, señalaron que, según informa la diputada responsable de los centros asistenciales, Carolina López, “hace tiempo que se está trabajando ya en la modificación de este reglamento”. “El equipo de gobierno había detectado que con usuarios cada vez más mayores se hace necesario modificar el servicio que se viene prestando desde este centro, y hace ya meses que se trabaja en ello”.
En este sentido, indican que “la modificación del reglamento tiene unos trámites administrativos largos, pues tiene que pasar por distintos servicios de la administración y diferentes órganos para su aprobación. Hay que tener presente que elevar el número de usuarios permanentes implica también un incremento de plantilla y de recursos, por lo que es preciso trabajar en coordinación con otros servicios de la institución. Actualmente, se está trabajando en adaptar el reglamento a las nuevas necesidades, siempre en relación con la ley de dependencia y el nuevo modelo de atención asistencial”.